El capital riesgo, también llamado capital
desarrollo sirve para financiar empresas mediante la participación en su
capital social de forma temporal (entre 3 y 7 años) y minoritaria (entre un 10
por ciento y un 45 por ciento del capital), con apoyo en la gestión (sin
intervención, pero con asesoramiento) y con el fin de obtener plusvalías en la
desinversión (revalorización de las acciones). La financiación se complementa
con otros instrumentos: concesión de préstamos, créditos participativos,
obligaciones, etcétera. En definitiva, es una fuente de aportación de recursos
a largo plazo. Hay dos tipos de entidades de capital riesgo, cuyos elementos
diferenciadores básicos son:
- Las de capital privado persiguen exclusivamente la obtención de beneficios vía realización de sus plusvalías, y actúan en la selección de las inversiones con criterios meramente empresariales.
- Las de capital con mayoría pública no buscan sólo la maximización de sus resultados, sino que se centran en prestar servicios a empresas (participadas o no) y en la promoción empresarial.
Comunidades autónomas
Casi todas las entidades de capital
riesgo públicas de las CCAA registran graves pérdidas, debido a su excesiva
politización. Para evitarlo, sería deseable que adoptasen un modelo de gestión
privada, o cediesen la mayoría del capital social al sector privado,
permaneciendo en minoría. La participación pública debería servir para apoyar
el fomento de la actividad industrial de la región, en tanto que la participación
de entidades privadas garantizaría una rentabilidad razonable.
El sector en España no ha alcanzado la difusión de otros países. Los fondos invertidos a nivel nacional durante
1994 mediante capital riesgo fueron de unos 18.500 millones de pesetas, aunque
su potencial se calcula en unos 60.000 millones. Un tercio es de origen
público, otro tercio de origen privado, y el restante de capital extranjero. A
nivel nacional, el sector es escasamente competitivo, con un gran potencial
de crecimiento, elevadas barreras de entrada y de salida, limitado poder
contractual de proveedores y clientes y con una importante amenaza de nuevos
entrantes. La masa crítica para una
entidad del sector está entre los 5.000 y los 6.000 millones de pesetas y uno
de los factores clave de su éxito es la calidad del equipo de gestión,
habiendo muy pocos profesionales con experiencia en España.
Potenciar el sector
Para promocionar entidades de capital riesgo, capaces de poner en
marcha proyectos empresariales innovadores, sería necesario:
- Que en las entidades de carácter público se adoptase un modelo de gestión privada, o que el sector público no interviniese mayoritariamente, dejando que los mercados actúen libremente y encuentren los mecanismos de financiación adecuados.
- Que el sector público actuase de regulador, potenciando los incentivos como medio de innovación económica en proyectos de investigación básica, que muy difícilmente encuentran financiación en el mercado privado. Regulación que ya se realiza en parte (CDTI, etc.).
- Modificar la legislación vigente de las sociedades de capital desarrollo definiendo su ámbito, los mecanismos de estímulo y protección, garantizar su solvencia y el cumplimiento de las obligaciones impuestas, así como eliminar la obligación de reinversión de las plusvalías obtenidas.
- Adecuar las actuales disposiciones fiscales (plusvalías y minusvalías en el IRPF e Impuesto de Sociedades, desarrollo de sociedades transparentes, etc.).
- Favorecer el despegue del segundo mercado para las acciones de las empresa participadas, y permitir la cotización de las propia entidades de capita desarrollo en las bolsas.
- Por último, modificar la normativa de las aseguradoras y los fondos de pensiones, para que puedan invertir en las entidades de capital desarrollo. La Comisión de las Comunidades Europeas ha recomendado en su documento COM (93) 528 el desarrollo de sistemas de financiación a las pymes, destacando los fondos regionales de capital riesgo y las subvenciones de estímulo regional a los préstamos para su concesión a bajo interés.
