El Rey D. Juan Carlos I pidió recientemente al Consejo
Empresarial para la Competitividad (CEC), que "arrimen
el hombro para crear empleo porque la situación es muy seria".
Al CEC pertenecen
los presidentes de 17 de las mayores empresas españolas: Telefónica, El Corte Inglés, Mango,
Grupo Barceló, Banco Santander, Acciona, La Caixa, BBVA, Inditex, Grupo
Planeta, Mapfre, ACS, Ferrovial, Havas Media Group, Mercadona, Iberdrola,
Repsol, y el Instituto de la Empresa Familiar. Sin embargo, en este “arrimar el
hombro” se echa en falta a la clase política, la principal culpable de casi
todos los males. Los ciudadanos no podemos pagar los errores de unos pésimos
políticos, sus especulaciones, corrupciones y obras innecesarias.
Arrimar el hombro significa cambiar viejas mentalidades, ser más responsables, más independientes, más internacionales y con menos prejuicios ideológicos. Es bien verdad que pertenecemos al grupo denominado PIGS (Portugal, Italia/Irlanda, Grecia y España), un término acuñado en los años ochenta cuando se creía que estos países no podrían entrar en la Unión Europea, y que la crisis mundial ha vuelto a ponerse de moda. España no está en crisis por los males del pasado, sino por haber creado un engendro de administración pública insostenible y construido multitud de proyectos inútiles, que además de haber vaciado las arcas no sirven al desarrollo (aeropuertos peatonales, autopistas a ninguna parte, puertos para los pájaros, universidades desiertas, edificios para los fantasmas, etc.).
En este contexto la iniciativa privada está desorientada,
pues el Gobierno anterior solo ha contado con lo público (como en la mitad del
siglo XX), cuando de todos es sabido que un país evoluciona cuando se da
protagonismo a lo privado. El nuevo Gobierno no debe ignorar su papel esencial y
el de las infraestructuras en el crecimiento económico, y deberá apostar por
proyectos serios para que vuelvan a ser el motor económico. Para ello debe crear
un entorno de estabilidad que devuelva la confianza a las compañías privadas, que
deben tener un margen alto de iniciativa para que sirvan al desarrollo del país.
Se trata de promover proyectos privados y no sólo públicos, de manera que se
reduzca al mínimo el interés político en aras del interés general. Todo
proyecto tiene que ser por sí mismo viable, sostenible, riguroso, eficiente y
someterse a una “Due Deligence”. Pero, también acceder a formas de financiación
nuevas, como titulación de activos, que no dependan sólo de las entidades financieras.
El Estado debe potenciar lo privado, regulando la
iniciativa de los promotores de proyectos y de las entidades financieras. Ojalá
nunca más se lamine la iniciativa privada, pero para ello es necesario que los
partidos mayoritarios cuenten con personal formado. Se trata de promover un
nuevo entorno de estabilidad y confianza, pues el previo existente ha sido
destruido por unos políticos incompetentes y trasnochados.
