La hora del capital riesgo

Artículo de opinión del autor publicado en el diario "Expansión"

Uno de los tres pilares sobre los que se asienta el desarrollo industrial de un país es una financiación empresarial adecuada, tanto en cantidad como en coste. El capital riesgo es uno de los principales medios para obtenerla. En España su situación es claramente anémica, por lo que cada vez se hace más necesario un marco legal y fiscal específico (homologado con el resto de la UE) para poder financiar, a bajos tipos de interés, ese 90 por ciento de la economía nacional dominado por las pymes. El capital riesgo, también llamado capital desarrollo o capital futuro, es una actividad para la financiación de empresas mediante la participación en su capital social, de forma temporal (entre tres y siete años) y minoritaria (entre un 10 por ciento y un 45 por ciento del capital), con apoyo en la gestión (sin intervención pero con asesoramiento) y con la finalidad de obtener plusvalías en el momento de la desinversión (revalorización de las acciones). De forma complementaria, la fi­nanciación se realiza  tam­bién a través de otros instrumentos financieros: concesión de préstamos, créditos participativos, suscripción de obligaciones, etcé­tera. En definitiva, es una fuente de aportación de recursos a largo plazo y a bajos tipos de interés que promueve el desarrollo empresarial, la innovación y el empleo.

 

Situación actual

El sector en España no ha alcanzado el volumen de otros países, tanto por su es­casa difusión como por la inexistencia de un marco le­gal y fiscal específico, que ha impedido su consolidación. La actual situación está concentrada en pocos ope­radores y en operaciones de gran tamaño en empresas muy consolidadas, por lo que las pequeñas empresas o aquéllas en fase de nacimiento carecen de atención. Está formado por dos tipos de entidades, cuyos elementos diferenciadores ­básicos son:

• De capital privado: cuya actividad persigue exclusiva­mente la obtención de beneficios vía realización de sus plusvalías y que actúan en la selección de las inversiones con criterios meramente empresariales.
• De capital público: que no buscan preferentemente la maximización de sus re­sultados, sino que sus prioridades se centran en prestar servicios a empresas (participadas o no) y en la promoción em­presarial (fomento del tejido industrial de las zonas o regiones don­de actúan). La mayoría de éstas pertenecen a comunidades autóno­mas y grandes municipios, encontrándose generalmente en situación de graves pérdidas y con mermada capacidad de financiación.

El 93 por ciento del ahorro nacional está monopolizado por los bancos y las cajas. Un 6,6 por ciento está gestionado por las coope­rativas de crédito y las ­sociedades de crédito hipotecario, factoring y arrendamiento financiero. El 0,4 por ciento restante, por las enti­dades de capital riesgo (ECR) y los fondos de capital riesgo (FCR), frente a una media en la UE del 6 por ciento. Los fondos invertidos a nivel nacional durante 1995 mediante capital riesgo fueron de unos 26.400 millones de pesetas; sin embargo, se calcula que el potencial es de unos 200.000 millones de pesetas. El 28 por ciento de los mis­mos son de origen público; el 35 por ciento de origen privado, y el 37 por ciento restante de capital extran­jero. La situación competi­tiva del sector a nivel nacional podría resumirse en: escasamente competitivo, con un gran potencial de crecimiento, elevadas barreras de entrada y de salida, limitado poder contractual de proveedores y clientes, y con una importante amena­za de nuevos entrantes. La masa crítica para una entidad del sector está entre los cinco mil y los seis mil mi­llones de pesetas, y uno de los factores clave de su éxito radica en la calidad del equipo de gestión, habiendo muy pocos profesionales con alta experiencia en España.

Potenciación del sector

Para promocionar las ECR y los FCR en nuestro país, capaces de poner en ­marcha proyectos empresariales innovadores (nuevos o existentes), que hoy por hoy tienen posibilidades de financiación reducidas, sería necesario:

• Que en las actuales en­tidades de carácter publico se adoptase un modelo de gestión profesional. Tam­bién se podría optar además por fórmulas que permitiesen canalizar recursos de forma eficiente, como son: la creación de un fondo para coinvertir con inversores privados en proyectos de caracte­rísticas determinadas, la articulación de fon­dos para ofrecer ayu­das a jóvenes empren­dedores, impartir cur­sos de difusión y for­mación para jóvenes ­que pudieran conver­tirse en potenciales empresarios, etc.
• Que el sector público estatal potenciase incentivos como medio de innovación económica en proyectos de investigación bási­ca, que muy difícil­mente encuentran financiaci­ón en el sector privado. Esto ya se realiza en una peque­ña parte mediante ciertos organismos (CDTI, IMPI…), corri­giendo con ello el fallo financiero del mercado.
• Modificar la legislación vi­gente de las SCR y FCR (definiendo su ámbito y los mecanismos de estímulo y protección), garantizar su ­solvencia y el cumplimiento de las obligaciones impuestas, así como eliminar la obligación de reinversión de la totalidad de las plusvalías obtenidas.
• Adecuar las disposiciones fiscales existentes (plusvalías y minusvalías en el IRPF e Impuesto de Sociedades, desarrollo de sociedades transparentes, etcétera).
• Favorecer el despegue del segundo mercado bursátil para facilitar la desinversión de las participaciones en pla­zos y condiciones que remu­neren el riesgo asumido y el tiempo de espera demandado por las inversiones en capital.
• Por último, facilitar que 1as compañias de seguros, los fondos de inversión es­pecíficos y los fondos de pensiones puedan invertir preferentemente en las ECR y FCR, al igual que en los principales países de la OCDE (su principal fuente de recursos).

Desde la Comisión de las Comunidades Europeas se están desarrollando iniciati­vas para mejorar el entorno de las pymes (basadas en el Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo de 1993), destacan­do: la creación de una red de fondos de capital semilla (para proyectos en arran­que), el fomento de la trasnacionalidad de las pymes, la promoción de un mercado paneuropeo de valores de empresas medianas y las subvenciones de estímulo regional a los préstamos para su concesión a bajo interés.

Privatizaciones

Una fórmula ensayada en algunos países ha sido la privatización de empre­sas con desequilibrios estructurales (en pérdidas y/o con gran volumen de endeudamiento), mediante Management Buy-Out (MBO), Leveraged Buy-Out (LBO) o Leverage Employee Buy-Out (LE­BO). El MBO es la compra por los directivos de la em­presa que dirigen, con de­sembolso de dinero fresco mínimo y el resto median­te créditos garantizados por los bienes de la propia empresa. El LBO es lo mis­mo, pero con entrada de accionistas externos. El LEBO es cuando los ad­quirientes son los empleados de la propia empresa.

Al ser poco atractivas, estas empresas no cotizan en bolsa ni son suscepti­bles de privatizar fácil­mente por otros medios (concurso... ). Indudable­mente, las ECR y los FCR jugarían un importante pa­pel, permitiendo una pri­vatización que hoy por hoy no se ha explotado en Es­paña por falta de financia­ción adecuada. A su vez, este modelo de privatización permitiría el surgimiento de nuevos empresarios autóctonos y limitaría la continua con­centración de empresas en manos de unos pocos. También evitaría la venta a empresarios ajenos a la Unión Europea, como se ha producido en el pasado o se está produciendo en la actualidad.

Conciencia del subdesarrollo

Artículo de opinión del autor publicado en el diario "Expansión"

El título responde a un libro que publicó J. L. Sampedro en 1972. Ahora éste es reproducido en la primera parte de un nuevo libro, ampliado con una segunda parte del catedrático Carlos Berzosa, bajo el mismo titulo pero con el añadido de "veinticinco años después". Sampedro exponía con gran maestría la situación de pobreza marginada y permanente en que vivía, en aquel entonces, la mayor parte de la humanidad. El contenido es actualizado con gran destreza y claridad por Berzosa, corroborando que la situación de hace veinticinco años no sólo se ha mantenido sino que se ha agravado, y que las predicciones realizadas por el primero desgraciadamente se han cumplido.

Sampedro describía como la tendencia del foso que separaba a los pobres de los ricos se agrandaba, y como las desigualdades no se manifestaban solamente entre naciones, sino que dentro de cada una de ellas la distribución del ingreso era también hondamente desigual. Como un grito de protesta, manifestaba: "No se es ignorante ni enfermo porque se quiere, a poco que se ofrezcan oportunidades para evitar esos males". Su mente preclara vaticinó tempranamente la correlación entre el deterioro medioambiental y desarrollismo especulativo. Un recorrido detallado a través de la escasez del capital, el mercado deficiente, los desequilibrios monetarios, la dependencia exterior y el dualismo interno de los países subdesarrollados, le llevaba a concluir que la única base cierta para una paz duradera exige, entre otras cosas, que los países pudieran disfrutar de seguridad económica y social. Denunciaba como los países ricos ignoraban cualquier plan de desarrollo, propuesto por ellos mismos, para ayudar al Tercer Mundo: "Parece que la prosperidad tiende a crear en los individuos y en las naciones una actitud de apatía, sino de in­diferencia, hacia el bienestar de los demás".

Feminización de la pobreza

Veinticinco años después, Berzosa corrobora en el tiempo las ideas vertidas por Sampe­dro, ya que los niveles de po­breza y desnutrición alcanzan tintes dramáticos, así como la progresiva feminización de la pobreza (un tercio de los adul­tos en los países subdesarrolla­dos es analfabeto, y de esta ci­fra, dos tercios son mujeres). La distancia entre las personas ricas y pobres se ha elevado de 60 a 1 a 140 a 1, según el reciente Programa de las Naciones Uni­das para el Desarrollo. Un 80% de la riqueza la posee un 20% de la población mundial, que además es la que más conta­mina. Las multinacionales con­trolan el 70% de las materias primas y el 80% de las tierras de cultivo. El libro se muestra más convincente a la hora de concienciar que a la hora de sus­citar adhesiones a un implícito programa. Manifiesta que el de­senfrenado consumismo ha es­quilmado los océanos, extingui­do muchas especies animales, agotado la capa de ozono y cam­biado el clima, entre otros deterioros. A juicio de este autor, el capitalismo también está en crisis (no hace diferencia entre los dos modelos existentes: re­nano y anglosajón) ya que los países ricos comienzan a sufrir la precariedad del empleo, el paro tecnológico el aumento de las desigualdades.

Mano de obra

La ONU acaba de desvelar que en el mundo trabajan 400 millones de niños. Mano de obra barata que no protesta, y que obliga a competir a sus padres por los mismos puestos (en al­gunos países europeos comien­za a imponerse el uso de eti­quetas que certifican la ética de los productos). UNICEF ha cal­culado que costaría unos 780.000 millones de pesetas anuales escolarizar a los niños del mundo antes del 2000. Esto equivale al uno por ciento del gasto mundial en armamento, o al siete por ciento del gasto mundial en productos para adelgazar. Berzosa apunta que las con­diciones de miseria y la repro­ducción de la pobreza han pro­vocado y están generando con­tinuamente acontecimientos dramáticos en los países sub­desarrollados. Y aunque no cita casos, todos tenemos presentes fenómenos recientes asombro­sos (que se agudizarán en la me­dida que el foso se vaya agran­dando), de una crueldad atroz: las guerras de Chechenia y de la antigua Yugoslavia, las diver­sas del Islam, el conflicto del Zaire, el terrorismo, etcétera. Guerras y atentados originados por los fanatismos y los odios raciales, pero todos ellos fruto del hambre y la incultura.

En parte del mundo desarro­llado, el aumento de la adoración al becerro de oro y al di­nero, y la exaltación de los triunfadores (los capaces de ganar dinero rápidamente y con fa­cilidad), contrasta fuertemente con el descontento de una gran parte de los ciudadanos que al­zan sus voces a favor de los pobres (Plataforma del 0’7, ONGs, etc.) y del medio ambiente (organizaciones ecologis­tas, de conserva­ción de los anima­les, de conservación de la naturaleza, etc.). La cultura de la satisfacción es rea­cia a cambios estructurales, y aunque cada vez son más los que protestan contra el hambre y la pobreza, sin embargo, to­davía estos no representan nin­guna fuerza. La contaminación ambiental se traduce en una alteración desfavorable de nuestro entor­no. Los trastornos psíquicos producidos por la polución atmosférica, el ruido, la conges­tión del tráfico y el excesivo vo­lumen de edificabilidad aumentan la agresividad de los seres humanos. En las grandes ciu­dades se respira, oye y ve cada vez peor. Como escribió un amante de la naturaleza "nin­guna otra criatura ha sido capaz de ensuciar su nido en tan corto plazo como el hombre".

Hasta fechas recientes, los expertos de todos los organis­mos mundiales defendían la primacía de la empresa sobre los intereses sociales, dentro de un contexto de globalización. Se­gún su teoría, ésto produciría un aumento del nivel de vida mundial, un avance de los paí­ses tercermundistas, y una so­ciedad más justa. La realidad resultó bastante distinta (tal y como apuntaba Sampedro), y actualmente están reconocien­do los estragos sociales y eco­nómicos causados por el interés individual y empresarial sobre el bien común. Sampedro in­dicaba como alternativa la construcción de una sociedad más justa, y Berzosa, aunque afirma que el capitalismo está caduco, reconoce que "dentro del sistema es posible encontrar vías hacia el desarrollo".  Ambas conclusiones apuntan implícitamente en la misma di­rección: la necesidad de estu­diar fórmulas para que los Es­tados puedan corregir, en lo po­sible, las imperfecciones del mercado. Posteriormente a la terminación del libro se produ­jo un hecho que puede ser trans­cendental, los economistas Bru­no y Squire del Banco Mundial han afirmado, contrariamente a la tesis que durante años de­fendieron: "La distribución equitativa de la riqueza es el único camino para ayudar al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza”. Así, pues, el tiempo les ha dado la razón, al primero veinticinco años después y al segundo me­ses más tarde.

Giro radical

Antes que un problema eco­nómico es un problema social y político, como indican los au­tores del libro. Un mundo con futuro en el cuál, la economía esté en equilibrio con la eco­logía y la propia humanidad, y el género humano esté en ar­monía con la naturaleza, no es algo inalcanzable. Pero para ello, las relaciones de los países ricos con los países subdesarro­llados y con el medio ambiente han de sufrir un giro radical. La conciencia (palabra que uti­lizaron en el título) junto con la educación, forma parte de ese giro: por lo que la formación de los más jóvenes, en este sen­tido, es un reto al que no po­demos permanecer ajenos. Un sueño utópico pero posible, se­gún Sampedro, que deseaba "una España donde lo que im­pere sea el libro y el pan, la tolerancia y la comprensión. Al­go, de lo que la mayoría de nues­tros más poderosos políticos no son capaces, o no quieren ver".

La restauración del consenso

Artículo de opinión del autor publicado en el diario "Expansión"

En la corta vida de la democracia española, para algunos partidos políticos el objetivo prioritario fue el poder por encima de los fines. Sin embargo de cara al futuro de España sería deseable anteponer la emancipación al poder, y potenciar el diálogo. No existe ninguna alternativa mejor, para una mayor democracia y progreso, que el consenso continuo.

La pasada legislatura se destacó por la falta de diálogo político por parte de algu­nos partidos, no teniendo en cuenta lo que pensába­mos los ciudadanos. Unos negándose a reconocer y depurar las múltiples corrupciones descubier­tas, y otros crispando la vida política. Por fin han hablado las urnas. Por un lado, sepa­rando del poder al PSOE para que purgue sus escán­alos y se renueve, pero manteniéndole firme para que realice una oposición constructiva y seria. Y por otro, dándole el poder al PP pero no la mayoría ab­soluta, para que reconsi­dere su estrategia y acepte la pluralidad y la integración autonómica en el pro­yecto nacional.

La ley electoral y la ley de partidos, que en su mo­mento fueron útiles para consolidar la democracia, con el transcurso del tiem­po aparecen parcialmente obsoletas. La primera modificación, la más necesaria e imprescindible, es precisamente la de instau­rar por ley el consenso continuo:

Sistema electoral

• El sistema proporcional de listas cerradas corregi­do por el método D'Hont, actualmente vigente en España, crea diputados cautivos. Al deber el es­caño al partido (se eligen siglas y no personas), las votaciones están dirigidas por los portavoces, para­lizándose la vida parla­mentaria (sumisión a las cúpulas y no a los elec­tores).
• La apertura de listas po­sibilitando ordenar los nombres, no suele dar re­sultado. Generalmente se mantiene la lista propues­ta por los partidos (caso de Italia o las elecciones sindicales en España). En ciertos países se facilitó la presencia de candidatos populistas, que una vez elegidos y por fal­ta de preparación po­lítica renunciaron al escaño, dando paso a los menos votados. La reforma de las circunscripciones con la introducción del sis­tema mayoritario (vi­gente en Estados Unidos), es el mejor medio de acercar los electores a los elegi­dos y favorecer la eliminación del cliente­lismo y la dictadura de los “núcleos du­ros" de las formacio­nes políticas, Sin embargo, penaliza de­masiado a los parti­dos minoritarios, y genera mayorías ab­solutas y bipolarización.
• La combinación del sistema mayorita­rio y el proporcional (vigente en Alema­nia), recoge virtudes de ambos. Estrecha la relación entre candidato y elector, no elimina a los partidos minoritarios, y tampoco lleva a un parla­mento con alta fragmen­tación. A la vez limita las mayorías absolutas, obligando al consenso continuo. Los gobiernos monocolores suelen fomentar arrogancias, crear senti­mientos de impunidad entre algunos gobernantes, y propiciar el acaparamiento de todas las instituciones.

Otras leyes necesarias para mejorar el funcionamiento democrático, y corregir errores del pasado, son:

• Limitación de mandatos. Las corruptelas comienzan a fraguarse, generalmente, a partir del segundo mandato. Esto lleva a la necesidad de plantear por ley la conveniencia de limitar los mandatos de los dirigentes políticos a un máximo de dos legislatu­ras. No sólo se acotarían las posibilidades de corrupción, sino que se fomentaría la renovación ge­neracional de personas e ideas (las organizaciones actuales no permiten la aparición de personalida­des con peso propio) y la modernización de los partidos.
• Incompatibilidades. Hay que frenar cierta de­senfrenada carga de stajo­navismo político, donde algunos valen para muchos cargos. Bastantes ocupan hasta cuatro o cinco a la vez. Una democracia fun­cionará mejor si cada per­sona desempeña un solo puesto (a lo sumo dos con el del partido, y excepcio­nalmente). Contra esto no vale el argumento de que hay pocas personas prepa­radas políticamente. La realidad es que no se fo­menta la participación y se reparte el poder entre unos pocos.
• Calendario elec­toral. En la anterior legislatura hemos asistido a un incan­sable y machaco­neante diálogo de sordos: unos pidien­do elecciones antici­padas y otros rechazándolas. Si nos acostumbramos a es­to, no se podrá go­bernar. Hay que neutralizar por ley la po­sibilidad de disolución anticipada como principio de le­gitimación democrá­tica, respetando lo que los ciudadanos hemos votado en las urnas. También en las Comunidades Autónomas (contra­rio a la pretensión ac­tual), ya que no es di­fícil imaginar el es­cenario con diecisie­te autonomías y el gobierno central, en caso de mayorías simples.
• Financiación de partidos. Los ciudadanos no comprendemos la au­sencia de un reglamento, en la que cada formación reciba el sufi­ciente dinero, con transparencia y control. El per­cibir oficialmente una parte de lo necesario, lleva al fomento la corrupción. Si al final el dinero sale del bolsillo de los ciudadanos, pónganse las cartas boca arriba y asúmase por todos el coste de una for­ma transparente. No se puede vivir constantemente bajo un clima de sospecha generalizada de corrupción.

Soluciones consensuadas

En definitiva, es nece­sario introducir por ley el consenso como alternati­va a la situación actual. Nuestra sociedad necesita urgentemente de solucio­nes consensuadas, princi­palmente en política terrorista, autonómica, de empleo, electoral, de par­tidos, sanitaria, hidráuli­ca, industrial, etcétera. Los ciudadanos quere­mos estabilidad, desarro­llo de una base ética, y una sociedad más justa. Sola­mente mediante la res­tauración del diálogo con­tinuo, se lograrán los acuerdos necesarios para afrontar el futuro, y poder dar a nuestro país un nivel de bienestar y desarrollo similar a los países más avanzados de la Unión Europea.