La hora del capital riesgo

Artículo de opinión del autor publicado en el diario "Expansión"

Uno de los tres pilares sobre los que se asienta el desarrollo industrial de un país es una financiación empresarial adecuada, tanto en cantidad como en coste. El capital riesgo es uno de los principales medios para obtenerla. En España su situación es claramente anémica, por lo que cada vez se hace más necesario un marco legal y fiscal específico (homologado con el resto de la UE) para poder financiar, a bajos tipos de interés, ese 90 por ciento de la economía nacional dominado por las pymes. El capital riesgo, también llamado capital desarrollo o capital futuro, es una actividad para la financiación de empresas mediante la participación en su capital social, de forma temporal (entre tres y siete años) y minoritaria (entre un 10 por ciento y un 45 por ciento del capital), con apoyo en la gestión (sin intervención pero con asesoramiento) y con la finalidad de obtener plusvalías en el momento de la desinversión (revalorización de las acciones). De forma complementaria, la fi­nanciación se realiza  tam­bién a través de otros instrumentos financieros: concesión de préstamos, créditos participativos, suscripción de obligaciones, etcé­tera. En definitiva, es una fuente de aportación de recursos a largo plazo y a bajos tipos de interés que promueve el desarrollo empresarial, la innovación y el empleo.

 

Situación actual

El sector en España no ha alcanzado el volumen de otros países, tanto por su es­casa difusión como por la inexistencia de un marco le­gal y fiscal específico, que ha impedido su consolidación. La actual situación está concentrada en pocos ope­radores y en operaciones de gran tamaño en empresas muy consolidadas, por lo que las pequeñas empresas o aquéllas en fase de nacimiento carecen de atención. Está formado por dos tipos de entidades, cuyos elementos diferenciadores ­básicos son:

• De capital privado: cuya actividad persigue exclusiva­mente la obtención de beneficios vía realización de sus plusvalías y que actúan en la selección de las inversiones con criterios meramente empresariales.
• De capital público: que no buscan preferentemente la maximización de sus re­sultados, sino que sus prioridades se centran en prestar servicios a empresas (participadas o no) y en la promoción em­presarial (fomento del tejido industrial de las zonas o regiones don­de actúan). La mayoría de éstas pertenecen a comunidades autóno­mas y grandes municipios, encontrándose generalmente en situación de graves pérdidas y con mermada capacidad de financiación.

El 93 por ciento del ahorro nacional está monopolizado por los bancos y las cajas. Un 6,6 por ciento está gestionado por las coope­rativas de crédito y las ­sociedades de crédito hipotecario, factoring y arrendamiento financiero. El 0,4 por ciento restante, por las enti­dades de capital riesgo (ECR) y los fondos de capital riesgo (FCR), frente a una media en la UE del 6 por ciento. Los fondos invertidos a nivel nacional durante 1995 mediante capital riesgo fueron de unos 26.400 millones de pesetas; sin embargo, se calcula que el potencial es de unos 200.000 millones de pesetas. El 28 por ciento de los mis­mos son de origen público; el 35 por ciento de origen privado, y el 37 por ciento restante de capital extran­jero. La situación competi­tiva del sector a nivel nacional podría resumirse en: escasamente competitivo, con un gran potencial de crecimiento, elevadas barreras de entrada y de salida, limitado poder contractual de proveedores y clientes, y con una importante amena­za de nuevos entrantes. La masa crítica para una entidad del sector está entre los cinco mil y los seis mil mi­llones de pesetas, y uno de los factores clave de su éxito radica en la calidad del equipo de gestión, habiendo muy pocos profesionales con alta experiencia en España.

Potenciación del sector

Para promocionar las ECR y los FCR en nuestro país, capaces de poner en ­marcha proyectos empresariales innovadores (nuevos o existentes), que hoy por hoy tienen posibilidades de financiación reducidas, sería necesario:

• Que en las actuales en­tidades de carácter publico se adoptase un modelo de gestión profesional. Tam­bién se podría optar además por fórmulas que permitiesen canalizar recursos de forma eficiente, como son: la creación de un fondo para coinvertir con inversores privados en proyectos de caracte­rísticas determinadas, la articulación de fon­dos para ofrecer ayu­das a jóvenes empren­dedores, impartir cur­sos de difusión y for­mación para jóvenes ­que pudieran conver­tirse en potenciales empresarios, etc.
• Que el sector público estatal potenciase incentivos como medio de innovación económica en proyectos de investigación bási­ca, que muy difícil­mente encuentran financiaci­ón en el sector privado. Esto ya se realiza en una peque­ña parte mediante ciertos organismos (CDTI, IMPI…), corri­giendo con ello el fallo financiero del mercado.
• Modificar la legislación vi­gente de las SCR y FCR (definiendo su ámbito y los mecanismos de estímulo y protección), garantizar su ­solvencia y el cumplimiento de las obligaciones impuestas, así como eliminar la obligación de reinversión de la totalidad de las plusvalías obtenidas.
• Adecuar las disposiciones fiscales existentes (plusvalías y minusvalías en el IRPF e Impuesto de Sociedades, desarrollo de sociedades transparentes, etcétera).
• Favorecer el despegue del segundo mercado bursátil para facilitar la desinversión de las participaciones en pla­zos y condiciones que remu­neren el riesgo asumido y el tiempo de espera demandado por las inversiones en capital.
• Por último, facilitar que 1as compañias de seguros, los fondos de inversión es­pecíficos y los fondos de pensiones puedan invertir preferentemente en las ECR y FCR, al igual que en los principales países de la OCDE (su principal fuente de recursos).

Desde la Comisión de las Comunidades Europeas se están desarrollando iniciati­vas para mejorar el entorno de las pymes (basadas en el Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo de 1993), destacan­do: la creación de una red de fondos de capital semilla (para proyectos en arran­que), el fomento de la trasnacionalidad de las pymes, la promoción de un mercado paneuropeo de valores de empresas medianas y las subvenciones de estímulo regional a los préstamos para su concesión a bajo interés.

Privatizaciones

Una fórmula ensayada en algunos países ha sido la privatización de empre­sas con desequilibrios estructurales (en pérdidas y/o con gran volumen de endeudamiento), mediante Management Buy-Out (MBO), Leveraged Buy-Out (LBO) o Leverage Employee Buy-Out (LE­BO). El MBO es la compra por los directivos de la em­presa que dirigen, con de­sembolso de dinero fresco mínimo y el resto median­te créditos garantizados por los bienes de la propia empresa. El LBO es lo mis­mo, pero con entrada de accionistas externos. El LEBO es cuando los ad­quirientes son los empleados de la propia empresa.

Al ser poco atractivas, estas empresas no cotizan en bolsa ni son suscepti­bles de privatizar fácil­mente por otros medios (concurso... ). Indudable­mente, las ECR y los FCR jugarían un importante pa­pel, permitiendo una pri­vatización que hoy por hoy no se ha explotado en Es­paña por falta de financia­ción adecuada. A su vez, este modelo de privatización permitiría el surgimiento de nuevos empresarios autóctonos y limitaría la continua con­centración de empresas en manos de unos pocos. También evitaría la venta a empresarios ajenos a la Unión Europea, como se ha producido en el pasado o se está produciendo en la actualidad.