viernes, 3 de enero de 1997

La restauración del consenso

Artículo de opinión del autor publicado en el diario "Expansión"

En la corta vida de la democracia española, para algunos partidos políticos el objetivo prioritario fue el poder por encima de los fines. Sin embargo de cara al futuro de España sería deseable anteponer la emancipación al poder, y potenciar el diálogo. No existe ninguna alternativa mejor, para una mayor democracia y progreso, que el consenso continuo.

La pasada legislatura se destacó por la falta de diálogo político por parte de algu­nos partidos, no teniendo en cuenta lo que pensába­mos los ciudadanos. Unos negándose a reconocer y depurar las múltiples corrupciones descubier­tas, y otros crispando la vida política. Por fin han hablado las urnas. Por un lado, sepa­rando del poder al PSOE para que purgue sus escán­alos y se renueve, pero manteniéndole firme para que realice una oposición constructiva y seria. Y por otro, dándole el poder al PP pero no la mayoría ab­soluta, para que reconsi­dere su estrategia y acepte la pluralidad y la integración autonómica en el pro­yecto nacional.

La ley electoral y la ley de partidos, que en su mo­mento fueron útiles para consolidar la democracia, con el transcurso del tiem­po aparecen parcialmente obsoletas. La primera modificación, la más necesaria e imprescindible, es precisamente la de instau­rar por ley el consenso continuo:

Sistema electoral

  • El sistema proporcional de listas cerradas corregi­do por el método D'Hont, actualmente vigente en España, crea diputados cautivos. Al deber el es­caño al partido (se eligen siglas y no personas), las votaciones están dirigidas por los portavoces, para­lizándose la vida parla­mentaria (sumisión a las cúpulas y no a los elec­tores).
  • La apertura de listas po­sibilitando ordenar los nombres, no suele dar re­sultado. Generalmente se mantiene la lista propues­ta por los partidos (caso de Italia o las elecciones sindicales en España). En ciertos países se facilitó la presencia de candidatos populistas, que una vez elegidos y por fal­ta de preparación po­lítica renunciaron al escaño, dando paso a los menos votados. La reforma de las circunscripciones con la introducción del sis­tema mayoritario (vi­gente en Estados Unidos), es el mejor medio de acercar los electores a los elegi­dos y favorecer la eliminación del cliente­lismo y la dictadura de los “núcleos du­ros" de las formacio­nes políticas, Sin embargo, penaliza de­masiado a los parti­dos minoritarios, y genera mayorías ab­solutas y bipolarización.
  • La combinación del sistema mayorita­rio y el proporcional (vigente en Alema­nia), recoge virtudes de ambos. Estrecha la relación entre candidato y elector, no elimina a los partidos minoritarios, y tampoco lleva a un parla­mento con alta fragmen­tación. A la vez limita las mayorías absolutas, obligando al consenso continuo. Los gobiernos monocolores suelen fomentar arrogancias, crear senti­mientos de impunidad entre algunos gobernantes, y propiciar el acaparamiento de todas las instituciones.




Otras leyes necesarias para mejorar el funcionamiento democrático, y corregir errores del pasado, son:

  • Limitación de mandatos. Las corruptelas comienzan a fraguarse, generalmente, a partir del segundo mandato. Esto lleva a la necesidad de plantear por ley la conveniencia de limitar los mandatos de los dirigentes políticos a un máximo de dos legislatu­ras. No sólo se acotarían las posibilidades de corrupción, sino que se fomentaría la renovación ge­neracional de personas e ideas (las organizaciones actuales no permiten la aparición de personalida­des con peso propio) y la modernización de los partidos.
  • Incompatibilidades. Hay que frenar cierta de­senfrenada carga de stajo­navismo político, donde algunos valen para muchos cargos. Bastantes ocupan hasta cuatro o cinco a la vez. Una democracia fun­cionará mejor si cada per­sona desempeña un solo puesto (a lo sumo dos con el del partido, y excepcio­nalmente). Contra esto no vale el argumento de que hay pocas personas prepa­radas políticamente. La realidad es que no se fo­menta la participación y se reparte el poder entre unos pocos.
  • Calendario elec­toral. En la anterior legislatura hemos asistido a un incan­sable y machaco­neante diálogo de sordos: unos pidien­do elecciones antici­padas y otros rechazándolas. Si nos acostumbramos a es­to, no se podrá go­bernar. Hay que neutralizar por ley la po­sibilidad de disolución anticipada como principio de le­gitimación democrá­tica, respetando lo que los ciudadanos hemos votado en las urnas. También en las Comunidades Autónomas (contra­rio a la pretensión ac­tual), ya que no es di­fícil imaginar el es­cenario con diecisie­te autonomías y el gobierno central, en caso de mayorías simples.
  • Financiación de partidos. Los ciudadanos no comprendemos la au­sencia de un reglamento, en la que cada formación reciba el sufi­ciente dinero, con transparencia y control. El per­cibir oficialmente una parte de lo necesario, lleva al fomento la corrupción. Si al final el dinero sale del bolsillo de los ciudadanos, pónganse las cartas boca arriba y asúmase por todos el coste de una for­ma transparente. No se puede vivir constantemente bajo un clima de sospecha generalizada de corrupción.

Soluciones consensuadas

En definitiva, es nece­sario introducir por ley el consenso como alternati­va a la situación actual. Nuestra sociedad necesita urgentemente de solucio­nes consensuadas, princi­palmente en política terrorista, autonómica, de empleo, electoral, de par­tidos, sanitaria, hidráuli­ca, industrial, etcétera. Los ciudadanos quere­mos estabilidad, desarro­llo de una base ética, y una sociedad más justa. Sola­mente mediante la res­tauración del diálogo con­tinuo, se lograrán los acuerdos necesarios para afrontar el futuro, y poder dar a nuestro país un nivel de bienestar y desarrollo similar a los países más avanzados de la Unión Europea.