Artículo de opinión del autor publicado en el diario "Expansión"
Uno de los tres pilares sobre los que se asienta el desarrollo
industrial de un país es una financiación empresarial adecuada, tanto en cantidad como en coste. El capital riesgo es
uno de los principales medios para obtenerla. En España su situación es
claramente anémica, por lo que cada vez se hace más necesario un marco legal y
fiscal específico (homologado con el resto de la UE) para poder financiar, a
bajos tipos de interés, ese 90 por ciento de la economía nacional dominado por
las pymes. El capital riesgo, también llamado capital desarrollo o capital
futuro, es una actividad para la financiación de empresas mediante la participación
en su capital social, de forma temporal (entre tres y siete años) y minoritaria
(entre un 10 por ciento y un 45 por ciento del capital), con apoyo en la
gestión (sin intervención pero con asesoramiento) y con la finalidad de obtener plusvalías en el momento de la desinversión
(revalorización de las acciones). De forma complementaria, la financiación se
realiza también a través de otros instrumentos
financieros: concesión de préstamos, créditos participativos, suscripción de obligaciones,
etcétera. En definitiva, es una fuente de aportación de recursos a largo plazo
y a bajos tipos de interés que promueve el desarrollo empresarial, la innovación
y el empleo.
Situación actual
El sector en España no ha alcanzado el volumen de otros países, tanto
por su escasa difusión como por la inexistencia de un marco legal y fiscal específico,
que ha impedido su consolidación. La actual situación está concentrada en
pocos operadores y en operaciones de gran tamaño en empresas muy consolidadas,
por lo que las pequeñas empresas o aquéllas en fase de nacimiento carecen de
atención. Está formado por dos tipos de entidades, cuyos elementos
diferenciadores básicos son:
- De capital privado: cuya actividad persigue exclusivamente la obtención de beneficios vía realización de sus plusvalías y que actúan en la selección de las inversiones con criterios meramente empresariales.
- De capital público: que no buscan preferentemente la maximización de sus resultados, sino que sus prioridades se centran en prestar servicios a empresas (participadas o no) y en la promoción empresarial (fomento del tejido industrial de las zonas o regiones donde actúan). La mayoría de éstas pertenecen a comunidades autónomas y grandes municipios, encontrándose generalmente en situación de graves pérdidas y con mermada capacidad de financiación.
El 93 por ciento del ahorro nacional está monopolizado por los bancos
y las cajas. Un 6,6 por ciento está gestionado por las cooperativas de crédito
y las sociedades de crédito hipotecario, factoring y arrendamiento financiero.
El 0,4 por ciento restante, por las entidades de capital riesgo (ECR) y los
fondos de capital riesgo (FCR), frente a una media en la UE del 6 por ciento.
Los fondos invertidos a nivel nacional durante 1995 mediante capital riesgo
fueron de unos 26.400 millones de pesetas; sin embargo, se calcula que el
potencial es de unos 200.000 millones de pesetas. El 28 por ciento de los mismos
son de origen público; el 35 por ciento de origen privado, y el 37 por ciento
restante de capital extranjero. La situación competitiva del sector a nivel
nacional podría resumirse en: escasamente competitivo, con un gran potencial de
crecimiento, elevadas barreras de entrada
y de salida, limitado poder contractual de proveedores y clientes, y con una
importante amenaza de nuevos entrantes. La masa crítica para una entidad del
sector está entre los cinco mil y los
seis mil millones de pesetas, y uno de los factores clave de su éxito radica
en la calidad del equipo de gestión, habiendo muy pocos profesionales con alta
experiencia en España.
Potenciación del sector
Para promocionar las ECR y los
FCR en nuestro país, capaces de poner en marcha proyectos empresariales
innovadores (nuevos o existentes), que hoy por hoy tienen posibilidades de
financiación reducidas, sería necesario:
- Que en las actuales entidades de carácter publico se adoptase un modelo de gestión profesional. También se podría optar además por fórmulas que permitiesen canalizar recursos de forma eficiente, como son: la creación de un fondo para coinvertir con inversores privados en proyectos de características determinadas, la articulación de fondos para ofrecer ayudas a jóvenes emprendedores, impartir cursos de difusión y formación para jóvenes que pudieran convertirse en potenciales empresarios, etc.
- Que el sector público estatal potenciase incentivos como medio de innovación económica en proyectos de investigación básica, que muy difícilmente encuentran financiación en el sector privado. Esto ya se realiza en una pequeña parte mediante ciertos organismos (CDTI, IMPI…), corrigiendo con ello el fallo financiero del mercado.
- Modificar la legislación vigente de las SCR y FCR (definiendo su ámbito y los mecanismos de estímulo y protección), garantizar su solvencia y el cumplimiento de las obligaciones impuestas, así como eliminar la obligación de reinversión de la totalidad de las plusvalías obtenidas.
- Adecuar las disposiciones fiscales existentes (plusvalías y minusvalías en el IRPF e Impuesto de Sociedades, desarrollo de sociedades transparentes, etcétera).
- Favorecer el despegue del segundo mercado bursátil para facilitar la desinversión de las participaciones en plazos y condiciones que remuneren el riesgo asumido y el tiempo de espera demandado por las inversiones en capital.
- Por último, facilitar que 1as compañias de seguros, los fondos de inversión específicos y los fondos de pensiones puedan invertir preferentemente en las ECR y FCR, al igual que en los principales países de la OCDE (su principal fuente de recursos).
Desde la Comisión de las Comunidades Europeas se están desarrollando iniciativas
para mejorar el entorno de las pymes (basadas en el Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo de
1993), destacando: la creación de una red de fondos de capital semilla (para
proyectos en arranque), el fomento de la trasnacionalidad de las pymes, la
promoción de un mercado paneuropeo de valores de empresas medianas y las subvenciones
de estímulo regional a los préstamos para su concesión a bajo interés.
Privatizaciones
Una fórmula ensayada en algunos países ha sido la privatización de
empresas con desequilibrios estructurales (en pérdidas y/o con gran volumen de
endeudamiento), mediante Management
Buy-Out (MBO), Leveraged Buy-Out (LBO) o Leverage Employee Buy-Out (LEBO).
El MBO es la compra por los directivos de la empresa que dirigen, con desembolso
de dinero fresco mínimo y el resto mediante créditos garantizados por los
bienes de la propia empresa. El LBO es lo mismo, pero con entrada de
accionistas externos. El LEBO es cuando los adquirientes son los empleados de
la propia empresa.
Al ser poco atractivas, estas empresas
no cotizan en bolsa ni son susceptibles de privatizar fácilmente por otros
medios (concurso... ). Indudablemente, las ECR y los FCR jugarían un
importante papel, permitiendo una privatización que hoy por hoy no se ha
explotado en España por falta de financiación adecuada. A su vez, este modelo
de privatización permitiría el surgimiento de nuevos empresarios autóctonos y
limitaría la continua concentración de empresas en manos de unos pocos.
También evitaría la venta a empresarios ajenos a la Unión Europea, como se ha
producido en el pasado o se está produciendo en la actualidad.